Ricardo Muñoz (h), abogado y docente de Derecho constitucional económico y derecho público, en diálogo con Fm Libre, aclaró sobre las decisiones que unilateralmente toman algunas intendencias de la región de liberar determinadas actividades: «La cuarentena se da por directiva del Gobierno nacional haciendo uso de sus facultades constitucionales. La unificación de las restricciones y de las excepciones está dado por lo que dispongan el presidente de la nación y el jefe de gabinete. Este DNU tiene la misma validez que una ley sancionada por el Congreso. Las autoridades locales deben adecuarse y cumplir ese tipo de normativas. La cuarentena administrada permitió que los gobernadores lleven propuestas al presidente para que este decida si permite o no que algunas actividades se puedan llevar a cabo, pero tendrán que estar debidamente argumentados. Ni las provincias ni los municipios pueden dictaminar normativas distintas. Una norma inferior no puede ir en contra de un DNU del gobierno nacional. Ni los particulares ni los gobiernos locales pueden estar violando estas disposiciones de la Nación, porque pueden incurrir en delitos penales. Jurídicamente los municipios no pueden salirse de lo que está dispuesto a través del DNU presidencial, si se autoriza el funcionamiento por ejemplo de peluquerías puede producirse un desplazamiento mayor de personas y el contacto es estrecho pudiendo generalizar el contagio. Hay que apelar al respeto de la normativa. Hay que esperar a que la autoridad nacional así lo resuelva».
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