Las elecciones municipales convocadas para el 29 de marzo fueron suspendidas (13 días antes de la fecha electoral) por la pandemia de coronavirus. Ahora, las fuerzas políticas buscan una salida para evitar la acefalía total, que determinaría la intervención provincial y designación de un comisionado al frente del municipio. Por estas horas se avanza en un acuerdo para llamar a elecciones el 27 de septiembre.
En medio de la incertidumbre por la evolución del Covid-19, se discuten múltiples opciones legales para prorrogar el mandato de Llamosas hasta que se pueda votar. Ante la incertidumbre jurídica que podría generarse hubo quienes propusieron votar en junio, lo que fue descartado en las últimas horas.
Los distintos partidos políticos se reunieron con la Junta Electoral para lograr llegar a un consenso acerca de la prórroga del mandato del Intendente Juan Manuel Llamosas, junto a todos sus funcionarios, así como también el arco político de la oposición.
Además se logró acordar de poner como fecha, de la elección municipal, el 27 de septiembre
Quienes integraron el bloque de convencionales justicialistas cuando se redactó la Carta Orgánica Municipal (en 1996) se manifestaron a favor de una prórroga de mandato para evitar la pérdida de institucionalidad por acefalía. Los ex convencionales Ricardo Muñoz, Omar Isaguirre y Osvaldo Da Costa, entre otros, propusieron extender el actual período de gobierno (con un acuerdo político de los ocho candidatos a intendente), a partir de una enmienda de la Carta Orgánica aprobada por el Concejo Deliberante.
Pero hay quienes remarcan que, según la propia Carta Orgánica, las enmiendas quedan sancionadas recién cuando son ratificadas por referéndum en la primera elección municipal subsiguiente.
Otra vía de salida que se baraja es la declaración en el Concejo Deliberante de la «emergencia institucional por pandemia de Covid-19» y, con un acuerdo político, buscar el aval del Superior Tribunal de Justicia y/o de la Justicia Electoral.
Sergio Bevilaqua, ex convencional y asesor radical, explicó que se descartó votar en junio porque el acto electoral encuadra en el tipo de acontecimientos masivos «prohibidos» por el primer decreto presidencial, que sigue vigente pese a la flexibilización de la cuarentena.
Si se confirma la fecha de septiembre, de todos modos, se trabajará intensamente en un protocolo, con estrictas medidas para el distanciamiento social. Habría un plazo de 120 días para preparar los comicios
Si Río Cuarto se queda sin autoridades, el camino previsto por la Constitución Provincial (artículo 193) es que la Legislatura declare la intervención y el Ejecutivo Provincial nombre un comisionado, por un máximo de 90 días, que convoque a nuevas elecciones «para completar el período».
Para el oficialismo, aunque el propio LLamosas sea nombrado comisionado, tendría facultades muy acotadas, insuficientes en un escenario de pandemia. Para la oposición, además, al no haber concejales ni tribunos, la gestión «no tendría control».