Los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba calificaron ayer como “un avance muy importante” la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de admitir el pedido de inconstitucionalidad contra la nueva ley de reforma previsional número 10.694. Desde la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba y la CGT Regional Córdoba consideraron que “es un avance muy importante en la lucha contra el ajuste jubilatorio, ya que, en general, muchos pedidos y presentaciones no son admitidos por el TSJ”. “Sabemos que nuestro planteo es justificado, dado que el recorte jubilatorio es a todas luces injusto y de dudosa legalidad”, agregaron en un comunicado. Asimismo, explicaron que el pedido pasa a instancia de estudio del Alto Cuerpo, “corriéndose vista al Fiscal General (hoy es un cargo vacante, pero cubierto por adjuntos) de la Provincia por el plazo de 5 días”.
En tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también confirmó la aceptación de este reclamo de parte del TSJ bajo la firma de la vocal María Marta Cáceres de Bolatti. Sobre el particular, el secretario general de ATE, Federico Giuliani, aseguró que “es un paso importantísimo para el sindicato que demuestra que no es descabellado el planteo”. El gremialista dijo que la ley de reforma jubilatoria “además de ser una decisión inconsulta, odiosa e impopular, también perjudica a nuestras jubiladas y jubilados, y es, cuanto menos, de dudosa validez jurídica”. A su turno, el abogado de los estatales, Eugenio Biafore, destacó la importancia de esta aceptación ya que “una buena parte no ingresan al análisis, quedan en el camino y esa es una decisión irrevocable”.
Como se recordará, las acciones de inconstitucionalidad apuntan contra la sanción de la ley que impulsó el gobernador Juan Schiaretti para reducir el déficit en la Caja. Con esta iniciativa, impuso el recorte de haberes en aquellos casos de pensionados y jubilados que perciban doble ingreso y la armonización de las condiciones de jubilación con el sistema previsional nacional. Estos cambios suponen recortes en las jubilaciones, por lo que los gremios rápidamente salieron a defender los derechos conquistados recostándose en la Constitución Nacional y Provincial en cuanto a lo que refiere a la intangibilidad del salario y las jubilaciones. Este principio representaría un resguardo constitucional ya que protege a los ingresos de los asalariados contra cualquier medida regresiva.
Además de las presentaciones de los gremios nucleados en la CGT Regional Córdoba y ATE, están en análisis las acciones presentadas por los estudios jurídicos de Jorge Horacio Gentile, Guillermo Carena y Félix López Amaya, en representación de otras asociaciones sindicales como Luz y Fuerza, Suoem y la Asociación de Magistrados. Con el asesoramiento del estudio jurídico de Pedro Mendizábal, la CGT agrupó a los siguientes gremios tras el pedido formal: el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Uepc, Asociación Bancaria, Gráficos, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj), Federación de Municipales, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), Asociación de Médicos de la República Argentina, el Sindicato de Docentes Privados (Sadop), Ademe, Legislativos, Sindicato Vial Córdoba, Apse y trabajadores de Casinos.
