El abogado y docente Enrique Novo escribió un libro que aborda el grado de constitucionalidad de las decisiones sanitarias tomadas por las distintas autoridades gubernamentales en el marco de la pandemia.
“Es un librito pequeño y de fácil lectura que trata de enmarcar el porqué de muchos problemas que tenemos a la hora de dirimir las responsabilidades en materia de salud y salubridad”, explicó Novo en diálogo con Fm Libre, y agregó: “tenemos déficit constitucional en nuestro país. Esto genera una problemática constante que con el tema de la pandemia se ha visto mucho más manifiesta. Todas estas dudas que se han planteados y que hoy son materia de debate permanente, a mi modo de ver, tienen su origen en una deficitaria distribución constitucional de competencias”.
“Estamos en un país que tiene un desorden constitucional previo y que se encontró con una pandemia”. “Esta falta de regulación constitucional permitió que estemos nadando y que tanto el gobierno nacional, (y los gobiernos) provinciales y municipales, se encuentren en ascuas, muchas veces, al tomar decisiones porque no es clara la constitución nacional y provincial”, afirmó el letrado.
Novo cuestionó la constitucionalidad del DNU que estableció el aislamiento social obligatorio. “La única manera de haber suspendido el ejercicio de nuestros derechos de la manera que se hizo en marzo y abril sería declarando el Estado de Sitio. Solamente así podría haber restringido el ejercicio de tantos derechos”. Sin cuestionar si fue correcta o no la decisión sanitaria Novo remarcó que “el medio utilizado no fue el correcto”. Al tiempo que reconoció: “Nosotros lo naturalizamos y no objetamos nada desde los ámbitos sociales o jurídicos”.
“En épocas del constitucionalismo social siempre se rompió con que el hombre no podía ser un hombre aislado y nosotros dentro de un decreto hemos naturalizado que se puede hablar de aislamiento social, algo que es totalmente contradictorio”, remarcó Novo.
Sobre las responsabilidades que recaen sobre COE, el abogado afirmó que “en Córdoba se tomó la decisión política de delegar (las decisiones) en un ámbito exclusivamente sanitario”. Y agregó que desde el punto de vista constitucional “quien debe autorizar el ejercicio de una actividad es el gobernador o el ministro”. “El COE no dicta resoluciones, es un órgano consultivo”, señaló.
