Sobre la crisis, el cuerpo colegiado dijo que a los estudiantes “les impide llevar a cabo de manera adecuada sus actividades académicas, poniendo en riesgo, en muchos casos, la continuidad de sus estudios”
El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto resolvió “acompañar la preocupación planteada por el claustro estudiantil, respecto de la difícil situación económica por la que están atravesando los estudiantes universitarios, que les impide llevar a cabo de manera adecuada sus actividades académicas, poniendo en riesgo, en muchos casos, la continuidad de sus estudios”.
A la vez que “expresar preocupación por la falta de partidas presupuestarias adecuadas para el funcionamiento normal de nuestra Universidad, producto de la falta de aprobación del Presupuesto 2022 y fundamentalmente por la espiralización del proceso inflacionario que afecta al país”. Y “manifestar el profundo malestar de este Consejo Superior por la reducción practicada sobre el presupuesto educativo, afectando programas sensibles de la educación pública”.
También, el cuerpo colegiado definió: “Encomendar al Sr. Rector profundizar acciones que permitan recuperar a valores actuales el presupuesto para funcionamiento de la UNRC, a los fines de preservar y mejorar la calidad de las actividades académicas que desarrollan las facultades; y que simultáneamente refuerce gestiones que estén a su alcance para ampliar el Programa de Becas Estudiantiles, así como mejorar el monto de las mismas”.
Además, determinó: “Encomendar al Sr. Rector que traslade esta preocupación al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a efectos de darle tratamiento y que se tomen las medidas que correspondan, a efectos de garantizar los recursos para el sostenimiento del sistema Universitario Público Nacional”.
Este pronunciamiento llegó tras que, en la última sesión del Consejo Superior del pasado 6 de setiembre, consejeros superiores estudiantiles plantearon su preocupación respecto de la situación socioeconómica de un importante sector del alumnado, lo cual generó un extenso debate. “El menú que consumen en la Universidad es la única comida del día para muchos estudiantes”, aseguró en esa oportunidad la consejera Julieta Renaudo, alumna de Ciencias Económicas. Fue entonces que se decidió elaborar un documento para hacer pública la problemática económica de la Universidad. Fue redactado en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y obras Públicas del cuerpo colegiado
El escrito menciona “la nota obrante en foja 1 a 3 del Exp. 140.436 presentada por un conjunto de consejeros estudiantiles, en la que solicitan que el Honorable Consejo Superior de la UNRC se pronuncie sobre la situación por la cual está atravesando el sector estudiantil universitario, ante la actual situación económica y social del país” y expresa en sus considerandos que “en sesión ordinaria del Consejo Superior del pasado 6 de septiembre de 2022 se encomendó a la Comisión de Presupuesto y Obras Públicas elaborar una propuesta de pronunciamiento sobre este tema”
“Que resultan totalmente atendibles las razones esgrimidas por el colectivo estudiantil, en tanto plantean su preocupación por el actual estado de muchos de sus integrantes que no pueden seguir garantizando su continuidad en la Universidad, ya que la agobiante situación económica, les impide cumplir con las habituales tareas de formación académica, teniendo muchos de ellos que abandonar sus estudios o proseguir a tiempo parcial por tener que trabajar para su sustento”.
“Que dentro de los aspectos aludidos en la nota de elevación se hace mención a situaciones límites como no poder seguir haciendo frente a los costos de alquiler, alimentación, transporte, fotocopias y un sin fin de gastos más que deben afrontar para poder seguir siendo estudiantes, generando una diversidad de complicaciones; se refiere, además, a que si bien se cuenta con un programa de becas estudiantiles, el monto de las mismas no alcanza a cubrir las necesidades mínimas que están requiriendo”.
“Que atento al reclamo presentado, el Consejo Superior en su sesión del día 6 de septiembre del corriente año debatió ampliamente el tema puntual de los estudiantes, pero también se analizaron otras cuestiones planteadas en la nota del claustro estudiantil referidas a la falta de financiamiento, o a la reducción del mismo, en distintas áreas, cuestión que fuera también sustentada por la mayoría del pleno del citado Consejo, sumado a la falta de partidas presupuestarias producto de la no aprobación del Presupuesto 2022 y que atento a la multiplicidad de aspectos a tener en cuenta, además de la necesidad de contar con información presupuestaria concreta, se resolvió elevar la cuestión a la Comisión de Presupuesto y Obras Públicas para elaborar un proyecto que contemple cabalmente tales inquietudes y que resulte representativo de todas las opiniones vertidas en el debate”.
“Que, como es de público conocimiento, en la Cámara de Diputados de la Nación no se aprobó el proyecto de Ley de Presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio 2022, razón por la cual las universidades nacionales están funcionando con un presupuesto reconducido del año anterior; esta situación es altamente preocupante debido a la incertidumbre que genera el no saber si habrá un refuerzo presupuestario, mientras el país transita uno de los procesos inflacionarios más altos de su historia; esta situación afecta directamente el monto destinado a becas de ayuda económica, que en nuestra Universidad corresponde al 2% del presupuesto total, como así también a las demás actividades planificadas para el presente año, para lo cual las unidades académicas debieron adaptarlas y adecuarlas a la escasa disponibilidad presupuestaria”.
“Que recientemente se conoció la Decisión Administrativa NO 826/2022 (DECAD-2022-826APN-JGM-Modificación presupuestaria) de fecha 20 de agosto de 2022, firmada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Sr. Juan Manzur, y el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Sr. Sergio Massa, que entre las modificaciones al Presupuesto General de la Administración Nacional vigente para el Ejercicio 2022, se incluyó una reducción de cincuenta mil millones de pesos al Ministerio de Educación, afectando los programas «Conectar Igualdad», «Infraestructura y Equipamiento» y «Fortalecimiento edilicio de Jardines Infantiles».
“Que esta comisión advierte con profunda preocupación la decisión de reducir el presupuesto del Ministerio de Educación, ya que estas políticas de desfinanciamiento se contraponen con nuestro compromiso de fortalecer y sostener la Universidad pública, gratuita y de calidad, y es nuestro deber rechazar enérgicamente estas medidas”.
“Que nuestra Universidad es hija de un gran hito de la historia de nuestra educación superior, que colocó a la Argentina en la vanguardia educativa como lo fue el establecimiento en 1949 de la gratuidad de la enseñanza universitaria, acompañado por un generoso plan de becas que permitieron por primera vez el acceso a este nivel educativo de hijos de trabajadores, de campesinos y de los pueblos originarios. A partir de entonces, la educación superior dejó de ser pensada como un lugar de formación de élites para considerarse un instrumento de inclusión social”.
“Que garantizar y sostener la gratuidad y el libre acceso a nuestras universidades es fundamental para promover la igualdad de oportunidades y así poner en una misma línea de partida a aquellos jóvenes de menores recursos, pero que tales principios no alcanzan si no se cuenta con una política de estado que garantice el adecuado financiamiento, no solo de las universidades, sino de la totalidad del sistema educativo público en sus distintos niveles”.
“Que resulta imprescindible que el Estado fortalezca los programas de becas de ayuda económica dirigida a los estudiantes, permitiendo que una mayor cantidad de estudiantes pueda acceder y sostenerse en el sistema universitario público y gratuito”.
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