El proyecto de ley surgió tras el asesinato de Lucio Dupuy, hecho por el que fueron juzgadas y condenadas a perpetua su madre y la pareja.
En el recinto se encontraba presente el abuelo del niño, Ramón Dupuy, quien también estuvo en la Cámara de Diputados cuando se le dio media sanción, allá por noviembre de 2022.
En su articulado se crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) -plan que le da nombre a la ley- dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La Senaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, será la autoridad de aplicación de la ley, por lo que tendrá una «obligación inmediata y directa» en las capacitaciones y campañas de concientización que deberán realizarse, en lo que ya cuentan con «cierta experiencia acumulada».
La ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA y la 27.455 de Abuso en la Infancia.
