Mateo Grassini, propietario de una librería, advirtió que el proyecto del Gobierno nacional para derogar la Ley 25.542 podría concentrar el mercado en pocas cadenas, afectar la diversidad editorial y provocar el cierre de librerías independientes.
El proyecto de desregulación impulsado por el Gobierno nacional, elaborado por Federico Sturzenegger y enviado al Senado, incluye la derogación de la Ley 25.542 de Protección a la Actividad Librera, que establece el precio único de venta de los libros en todo el país. La iniciativa generó preocupación en el sector editorial y librero.
En diálogo con FM Libre, Mateo Grassini, propietario de una librería de Río Cuarto, explicó que la normativa vigente establece que el precio de cada libro es fijado por la editorial y debe respetarse en todos los puntos de venta.
«Lo que esto posibilita es una competencia no por precios, sino por servicios, por calidad, por catálogo y por atención. Los consumidores son libres de elegir dónde comprar», señaló.
Grassini advirtió que, de derogarse la ley, podrían repetirse experiencias registradas en otros países. «En el Reino Unido, tras eliminar el precio fijo del libro, cerraron más de mil librerías. Argentina tiene alrededor de 1.600 librerías y solo van a prevalecer aquellas grandes superficies que tengan la espalda financiera para vender por debajo del costo y monopolizar el mercado», sostuvo.
El librero consideró que el mayor riesgo es la desaparición de las librerías independientes, a las que definió como un patrimonio cultural. «Son fundamentales porque garantizan la bibliodiversidad, es decir, la multiplicidad de títulos, autores y propuestas editoriales que hoy llegan a los lectores», afirmó.
Asimismo, alertó que una eventual concentración del mercado también afectaría a editoriales y distribuidores. «Lo que quedaría disponible para leer estaría en manos de quienes manejen el mercado. Se perdería diversidad de voces, la posibilidad de descubrir nuevos autores y de que las editoriales sigan apostando por escritores emergentes. Eso es fundamental para la democracia», remarcó.
Grassini destacó que el rechazo al proyecto es compartido por distintos actores del sector. «Se manifestaron en contra grandes cadenas como El Ateneo y Cúspide, además de la Cámara Argentina del Libro, la Fundación El Libro y las principales editoriales, porque entienden que esta medida destruye la cadena de valor de distribución del libro», indicó.
Finalmente, señaló que librerías, editoriales e instituciones vinculadas al mundo del libro comenzaron una campaña de difusión en redes sociales para explicar el impacto que, según consideran, tendría la derogación de la Ley 25.542 sobre la actividad y el acceso a una oferta editorial diversa.
