El concejal Franco Miranda señaló que con esta Ley se tendrán las herramientas para seguir enfrentando al narcotráfico en la ciudad.
El Concejal por la Fuerza del Imperio Sur Franco Miranda se refirió a la presentación de una nota en el seno del Concejo Deliberante donde solicita que Rio Cuarto adhiera a Ley Anti búnker aprobada por la legislatura DE Córdoba el pasado miércoles 8.
Al respecto el concejal explicó que la Ley “cuando se hace un procedimiento de narcotráfico todas aquellas viviendas que sean utilizadas para aguantaderos de veta y distribución de drogas, o que sean lugares de encuentro de los malvivientes no queden a disposición de estos sujetos, sino que la justicia si lo dispone sean derribados”.
Entonces, “al adherir a esa Ley, Río Cuarto será parte de toda una lucha de narcotráfico sino porque además crea una herramienta jurídica administrativa”.
Así esa vivienda, “quedará a disposición de la municipalidad para fines sociales”.
Por ultimo dijo que la Ley ya tiene su reglamentación y la primera ciudad que adhirió fue Villa María”.
“Por lo que proponemos desde Fuerza del Imperio del Sur que Río Cuarto adhiera y por eso iniciaremos un proceso de tratamiento en comisiones para luego someter a votación”, concluyó.
Cabe mencionar que durante la 11ª sesión ordinaria de 2026 correspondiente al 148º período legislativo, la Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos, que dotará al Estado provincial de nuevas herramientas para intervenir inmuebles utilizados para la comercialización de drogas, actividades delictivas y situaciones de abandono que representen un riesgo para la seguridad pública. Se trata de la primera ley de estas características que existirá en nuestro país.
Crea un régimen administrativo y judicial específico que permitirá actuar de manera temprana sobre inmuebles identificados como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, así como sobre edificios abandonados o deteriorados que favorezcan la comisión de hechos delictivos y afecten la convivencia ciudadana.
Entre las herramientas previstas se encuentran inspecciones, informes técnicos y resoluciones fundadas que habilitarán medidas preventivas como cerramientos, clausuras provisorias, tapiados, bloqueos de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles, siempre respetando las competencias judiciales y el debido proceso.
La ley señala que se intervendrá “cuando se encuentren en condiciones objetivas y verificables de deterioro relevante, desmantelamiento, riesgo de ruina o derrumbe que generen un riesgo para la seguridad pública o la convivencia ciudadana”. Y también “cuando se encuentren vinculados, de manera actual, anterior o reiterada, a actividades delictivas, en particular cuando sean utilizados o hubieren sido utilizados como guarida, aguantadero o búnker”.
Autoridad de aplicación y Unidad Interagencial
La ley aprobada establece que el Ministerio de Seguridad de la Provincia será la autoridad de aplicación general de la nueva norma.
También prevé la incorporación de la “autoridad de aplicación especial” en los supuestos vinculados al microtráfico o al funcionamiento de búnkeres. En estos casos, el Ministerio de Justicia y Trabajo ejercerá la coordinación especial del régimen administrativo con intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
