Se trata de una nueva demanda por incumplimiento de la Ley de Presupuesto Nacional sancionada en noviembre pasado.
La Provincia reclama más de 13 mil millones de pesos por deudas con la Caja de Jubilaciones.
El Gobierno de Córdoba promovió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación otra demanda en contra del Estado Nacional; esta vez por el incumplimiento del giro de anticipos mensuales destinados a la cobertura de los déficits de los sistemas previsionales provinciales no transferidos contempladas la Ley de Presupuesto 27.701, sancionada en noviembre pasado.
Según el artículo 92 de la norma, correspondía que la ANSES girara a la Caja de Córdoba hasta abril pasado la suma de 17.848.046.950,99 pesos
Hasta marzo de 2023, la Nación no había transferido fondos a la Caja de Córdoba. Después de fuertes intimaciones efectuadas por la Provincia, el 15 de marzo ANSES dictó la Resolución 53/2023, en la que dispuso girar una suma inferior a la ordenada por la Ley de Presupuesto 2023.
En esa oportunidad, el organismo nacional reconoció que transfería una suma menor a la que correspondía, porque el Poder Ejecutivo Nacional no había reglamentado la norma de la Ley de Presupuesto que ordenaba la transferencia.
En lugar de los 17.848.046.950,99 pesos que ordenó la Ley de Presupuesto Nacional, se giraron hasta abril 4.287.970.909,72 pesos.
La Provincia rechazó el recorte injustificado e ilegal, e intimó formalmente al Estado Nacional a que pague las diferencias devengadas a su favor por los pagos parciales de los meses de enero a abril 2023, que 13.560.076.041,27 pesos, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales.
Vencido el plazo del reclamo formal sin respuesta alguna de la Nación, el Gobierno de Córdoba promovió la demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la suma mencionada, más los incrementos que surgieren de mantenerse los pagos parciales ilegales, y los intereses que se devenguen.
También solicitó a la Corte la fijación de una audiencia para procurar una salida conciliatoria al reclamo e hizo reserva de plantear por separado una medida cautelar que asegure los resultados del juicio iniciado.
