El legislador radical recordó que la ley aprobada por la Legislatura provincial contempla capacitación y creación de cooperativas para quienes desarrollaban la actividad. Advirtió que aún falta avanzar en su implementación
La aprobación de la ley que prohíbe la actividad de los denominados «naranjitas» ilegales en Córdoba representó uno de los debates más importantes en materia de convivencia urbana durante el último año. En ese marco, el legislador provincial Matías Gvozdenovich destacó la necesidad de avanzar en la aplicación efectiva de la norma y recordó que uno de los ejes centrales de su propuesta fue la reconversión laboral de quienes se desempeñaban en esa actividad.
La Legislatura de Córdoba aprobó en abril, por mayoría, la iniciativa que prohíbe el cobro ilegal por el cuidado de vehículos en la vía pública y establece un nuevo esquema regulatorio. El proyecto obtuvo 51 votos afirmativos y 19 negativos, tras unificar distintas propuestas presentadas por legisladores de diferentes espacios políticos.
Gvozdenovich explicó que su iniciativa contemplaba no solo la prohibición de la actividad irregular, sino también herramientas para facilitar la reinserción laboral de quienes trabajaban como cuidacoches.
El legislador señaló que el tratamiento del tema surgió ante una problemática que se había vuelto cada vez más frecuente en distintas ciudades de la provincia. Según indicó, eran habituales los conflictos relacionados con el cobro por estacionamiento, las situaciones de agresividad y las amenazas hacia conductores, especialmente mujeres y personas mayores.
«Era una actividad que generaba muchos incidentes y situaciones de violencia que debían ser abordadas por el Estado», sostuvo.
Además, recordó que numerosos cuidacoches habían sido detenidos en distintos procedimientos, lo que impulsó la búsqueda de una solución legislativa.
Durante el debate parlamentario se presentaron varios proyectos. Algunos proponían la prohibición absoluta de la actividad, aunque Gvozdenovich consideró que esa alternativa no resolvía el problema de fondo.
«Había iniciativas que planteaban directamente la prohibición, pero eso podía derivar en una mayor cantidad de detenciones cuando hoy la capacidad carcelaria ya enfrenta limitaciones», explicó.
Por ese motivo, defendió la propuesta de reconversión laboral mediante programas de capacitación en instituciones educativas y organismos de formación, con el objetivo de generar nuevas oportunidades laborales para quienes dependían de esa actividad.
Para el legislador, la alternativa era viable y constituía una solución más integral. Sin embargo, reconoció que aún resta avanzar en la puesta en práctica de varios aspectos contemplados en la normativa.
Entre ellos mencionó la creación de cooperativas de trabajo y los programas de capacitación laboral, herramientas que considera fundamentales para que la ley tenga resultados efectivos.
«La diferencia está entre lo que se aprueba y lo que realmente se puede implementar. Ahí es donde todavía existen muchas dudas», expresó.
Gvozdenovich recordó además que, tras la sanción provincial, cada municipio debe adaptar su normativa local para definir la modalidad de aplicación en su jurisdicción.
En ese sentido, advirtió que todavía existen «muchos grises» y que en varias ciudades la situación continúa prácticamente sin cambios.
«La ley ya fue aprobada, pero todavía falta que muchos concejos deliberantes avancen con sus propias ordenanzas. Mientras eso no ocurra, el problema sigue estando presente», afirmó.
Finalmente, cuestionó la falta de controles efectivos y reclamó una mayor capacidad de regulación por parte de los organismos competentes.
«Si existen tantos organismos de control, deberían poder regular estas cuestiones. Hoy vemos que en muchos lugares todo sigue igual», concluyó.
La nueva legislación establece la prohibición de los cuidacoches sin autorización municipal, aunque permite que los municipios habiliten la actividad mediante ordenanzas específicas. En esos casos, los trabajadores deberán estar identificados y cobrar únicamente las tarifas fijadas por cada jurisdicción.
La norma también prohíbe expresamente la actividad de los limpiavidrios en la vía pública y establece sanciones que incluyen trabajo comunitario, multas y arrestos para quienes incumplan las disposiciones vigentes.
Con esta reforma, la Provincia busca ordenar el uso del espacio público y brindar un marco legal a una actividad que durante años funcionó con escasos controles en numerosas ciudades cordobesas.
