Los fiscales federales de Córdoba, Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian, promovieron ayer una acción penal contra los intendentes de Mendiolaza, Néstor Daniel Salibi, y de Saldán, Cayetano del Valle Canto, como coautores del delito de “defraudación por administración fraudulenta agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública”.
La resolución surgió en el marco de la causa por la asociación ilícita fiscal que investigan tres fiscalías de la provincia junto con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). El expediente analiza el accionar de una asociación ilícita que generó una “usina” de facturas apócrifas destinadas a evadir los impuestos a las Ganancias e IVA.
Hasta el momento, hay 29 personas detenidas y al menos cuatro prófugos, luego de más de un centenar de allanamientos en diversos puntos de la provincia de Córdoba, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), y de otros distritos del país.
Como correlato de esta investigación, surgió que los municipios de Mendiolaza y de Saldán, exentos como comunas de los tributos mencionados, habrían sufrido el secuestro de facturas truchas que habrían sido destinadas a otros movimientos sospechosos de dinero “en negro” que no tendrían justificación en la facturación. Tras iniciarse en la víspera las primeras indagatorias, se conoció el contenido de la requisitoria conjunta de los fiscales federales Nº 1 y Nº 2 de Córdoba, Senestrari y Hairabedian, que imputaron a Salibi y a Canto por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Estas defraudaciones se inscriben, en la imputación, en los artículos 172, 173 y 174 del Código Penal, indicando en el último el inciso 5º, que especifica “fraude en perjuicio de la administración pública”. A su vez, el código aclara que si quien comete esta defraudación es “funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua”.
En el caso de Canto, está imputado como coautor de los hechos 91º y 92º de este pedido fiscal, mientras que Salibi está por el 92º, siempre por el mismo supuesto delito. En el hecho 91º, además de Canto, figuran como coautores Daniel Osvaldo Barón y Hebe Carolina Cristori, y quedan como partícipes necesarios Natalia Soledad Vieyra Ferreyra y Diego Alberto Vieyra Ferreyra. Barón y Cristori figurarían en la plantilla de empleados de la Municipalidad de Saldán, mientras que a los hermanos Vieyra Ferreyra se los sindica como los presuntos jefes de la asociación ilícita. En el hecho 92º, además de la coautoría de Salibi y de Canto, figuran como partícipes necesarios los Vieyra Ferreyra. La adjudicación de irregularidades en la Municipalidad de Mendiolaza por ahora se adjudica sólo a Salibi.
En la órbita federal
Las defraudaciones adjudicadas a Salibi y a Canto (y a los otros implicados) son habitualmente de competencia de la Justicia provincial, pero en este caso serán investigadas por el fuero federal. La requisitoria razona para los hechos 91º y 92º: “Deberán tenerse en cuenta las reglas de competencia por conexidad subjetiva que autorizan proseguir en el fuero federal por sobre el ordinario (provincial)”. Luego, fundamenta que se realiza así “con el objeto de preservar la integridad y unidad de conocimiento de los hechos investigados vinculados entre sí”.
La megacausa
La investigación a los dos municipios de Sierras Chicas es un capítulo particular de una megacausa promovida por datos proporcionados por la Afip. Una larga investigación de meses, instruida por dos fiscalías federales de Córdoba y por otra de San Francisco (a cargo de Luis María Viautt), disparó esta semana un megaoperativo de casi un centenar de allanamientos en diversas localidades de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Formosa, Chaco y San Juan, así como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), entre otros puntos del país. El primer resultado que se informó es que hay al menos 29 detenidos como integrantes de una asociación ilícita fiscal. Los primeros datos, provisorios, arrojan que la evasión podría alcanzar los 430 millones de pesos con facturas truchas.
A partir de datos aportados por la Afip, la investigación de las fiscalías Nº 1 y 3 de Córdoba y la de San Francisco analizan el proceder delictivo de un numeroso y extendido grupo al margen de la ley, que desde 2017 emitía facturas apócrifas para evadir los impuestos al valor agregado (IVA) y Ganancias.
En Córdoba, la pesquisa nació en dos causas paralelas entre ambas fiscalías, que recientemente se unificaron y ahora comparten un requerimiento en común que se centralizó en el seno del Juzgado Federal Nº 1. Los fiscales Senestrari y Hairabedian trabajan juntos y es probable que las actuaciones continúen ahora a cargo del primero.
La causa motivó decenas de allanamientos en buen número en la ciudad de Córdoba, pero también en gran cantidad en el resto de la provincia, como Jesús María, Saldán, Malvinas Argentinas, Mendiolaza, Devoto, Arias, San Francisco, Villa María, Villa Nueva, General Cabrera, Panaholma, Hernando y Malagueño, entre otras localidades. Además, hubo procedimientos en Caba y en el norte del conurbano bonaerense, en localidades como San Isidro, Olivos y Bella Vista (San Miguel).
