La revocación de la medida cautelar que protegía a los beneficiarios del programa Volver al Trabajo generó preocupación en organizaciones sociales. Desde Libres del Sur advierten que la decisión judicial deja en riesgo un ingreso que alcanza a miles de familias y cuestionan la falta de alternativas laborales para quienes integran el programa.
La concejala de Fuerzas del Imperio e integrante del Movimiento Libres del Sur, Marisa Caridi, expresó su preocupación por la situación del programa Volver al Trabajo, luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara la medida cautelar que impedía la desvinculación de sus beneficiarios mientras se resolvía un amparo presentado por organizaciones sociales.
La resolución judicial dejó sin efecto esa protección provisoria al considerar que aún deben reunirse mayores pruebas para determinar si el derecho reclamado alcanza a la totalidad de los beneficiarios, por lo que, hasta que exista una sentencia definitiva, el Gobierno nacional no estará obligado a mantener el pago del programa.
Desde Libres del Sur cuestionaron los fundamentos de la decisión y señalaron que el programa permanece sin avances concretos en su implementación. En ese sentido, advirtieron que el sistema de vouchers para acceder a capacitaciones laborales o facilitar la inserción en empleos formales no funciona de manera uniforme en todo el país, ya que existen regiones donde esas herramientas no están disponibles.
En Río Cuarto, sostuvieron que la situación es aún más compleja debido a la ausencia de una oficina específica para el programa. Si bien el municipio interviene en cuestiones administrativas, indicaron que no existe una red de empresas que permita poner en marcha el esquema de intercambio de vouchers por oportunidades laborales, lo que, según afirman, pone en riesgo la continuidad efectiva del programa.
Caridi señaló además que el beneficio, de aproximadamente 87 mil pesos mensuales, representa un ingreso indispensable para numerosas familias, que lo destinan principalmente a la compra de alimentos, medicamentos y otros gastos básicos. También remarcó que muchos de los beneficiarios desarrollan tareas vinculadas a la economía popular, comedores y merenderos, por lo que el aporte constituye un complemento fundamental para sostener esos espacios y cubrir necesidades esenciales.
Frente a este escenario, las organizaciones sociales se mantienen en estado de asamblea a la espera de la evolución de la causa judicial y no descartan impulsar nuevas medidas de reclamo coordinadas a nivel nacional.
