El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto expresa su preocupación por la situación que vive el servicio de Salud Mental del Hospital Público de Río Cuarto que, pese a funcionar desde hace años en el viejo predio de barrio Las Ferias con excelentes prestaciones, ha comenzado un proceso de posible desmembramiento a través del traslado de sus profesionales al nuevo Hospital San Antonio de Padua. Como destaca el Informe 2013 “Mirar tras los muros”, elaborado por este Observatorio de Derechos Humanos, el Observatorio de DDHH de la Universidad Nacional de Córdoba y la Comisión Provincial de la Memoria, el servicio de Salud Mental de Río Cuarto –que atiende pacientes provenientes de cuatro departamentos del sur provincial- se destaca por su compromiso “para adecuarse progresivamente a los requerimientos que establecen las nuevas leyes en la materia” a través de distintas acciones que apuntan a “la erradicación del estigma y la discriminación, la promoción de la autonomía y la restitución de redes familiares y comunitarias de contención para los pacientes con patologías crónicas”.
Estamos convencidos de que el área de Salud Mental del Hospital de Río Cuarto, pese a sus limitaciones edilicias y presupuestarias, responde acabadamente a los requerimientos profesionales del área y potencia la integración de los pacientes con padecimiento mental a través de sus servicios de psiquiatría, internación, Hospital de Día e Intervención Comunitaria, fomentando su resocialización en un marco de respeto a los derechos humanos. La falta de precisiones sobre futuros espacios a ocupar en el nuevo hospital genera incertidumbre y preocupación entre los trabajadores del área de Salud Mental, no sólo por su continuidad laboral, sino fundamentalmente por el futuro de un servicio médico psiquiátrico con una trayectoria de funcionamiento de más de cuatro décadas que podría sufrir una severa fragmentación y/o desintegración, lo que redundaría en un claro perjuicio para la comunidad de Río Cuarto y la región.
Es sabido que los pacientes psiquiátricos requieren de un hábitat especial, que no siempre resulta compatible con otro tipo de pacientes. El traslado del servicio de Salud Mental al nuevo hospital implicaría de hecho la renuncia a experiencias innovadoras y productivas como el Hospital de Día y las huertas comunitarias, además de un cambio drástico en las condiciones de internación y hospedaje de los pacientes.
Por estas razones y haciéndonos eco de la preocupación, la incertidumbre y el temor que viven por estos días los trabajadores del servicio de Salud Mental, instamos a las autoridades del Hospital San Antonio de Padua a explicitar los motivos del sorpresivo traslado, mostrar el plan de adaptación del servicio al esquema de funcionamiento del hospital nuevo, cuyas instalaciones a priori no parecen aptas para garantizar una integración armónica manteniendo la imprescindible sectorización del servicio, de modo que éste conserve el espíritu, la idoneidad y la excelencia con que se viene desarrollando en el predio del viejo hospital.
Este Observatorio de Derechos Humanos considera además que sería un despropósito y un verdadero desatino institucional que las autoridades del Ministerio de Salud terminen desmembrando un servicio de Salud Mental que es modelo en la provincia de Córdoba para trasladar a ese edificio la delegación sur de esa repartición, que hoy funciona en el Centro Cívico de la ciudad.
