El encuentro entre transportistas y ruralistas con funcionarios de Alberto Rodríguez Saá fue un fracaso. Se confirmaron las medidas de ingreso a San Luis y eso elevó el malestar en los cordobeses. Podrían cortar la ruta 30.
La reunión entre funcionarios del gobierno de San Luis y representantes de transportistas y ruralistas que se realizó ayer en la vecina provincia terminó en un rotundo fracaso. Según relataron quienes formaron parte del encuentro, la gestión de Alberto Rodríguez Saá ratificó todas las medidas de seguridad sanitaria que, en muchos casos se volvieron incumplibles, y con ello se terminó de tensar una relación que ya venía con una escalada importante de ebullición desde el inicio de la cuarentena.
El domingo a última hora, los cordobeses que intentan tener habilitado el ingreso para ir a trabajar a San Luis, cansados de las dilaciones, decidieron hacer un contrabloqueo y cortaron la ruta 30, en el límite de ambas provincias. Eso generó que horas después llegara hasta el lugar una patrulla de la Policía de San Luis a acercar una convocatoria al diálogo. Concretamente los invitaban a un encuentro con funcionarios para buscar una salida. Pero ayer, a las 18, cuando llegaron a la cita, se encontraron con “una postura totalmente intransigente de parte de las autoridades que no nos dieron ninguna alternativa diferente. Seguimos igual que cuando vinimos”, relató, ofuscado, el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, David Tonelo.
El límite territorial de San Luis se fue convirtiendo poco a poco en una barrera inexpugnable a medida que avanzó la cuarentena. El gobierno de Rodríguez Saá decidió bloquear los ingresos a la provincia y de esa manera complicó el tránsito de productores y transportistas de carga que buscaban llegar a alguna localidad puntana o a los campos para trabajar. Primero comenzó con una exigencia de cuarentena durante 15 días en hoteles en La Punta como condición ineludible. Eso dificultó los intentos de ingreso de los productores que muchas veces debían llegar con contratistas y maquinaria para levantar primero la cosecha de soja y ahora la de maíz. Pero esa primera barrera después sumó la obligación de un test PCR en institución pública que habilitaba a productores a permanecer 72 horas en San Luis y después debían abandonar la provincia y en caso de tener que regresar, debían hacerse nuevamente el estudio que demuestre que no era portador de Covid-19. Pero en las últimas semanas aún con ese estudio comenzaron a reportarse dificultades de ingreso entre los ruralistas que pasaban largas horas en el límite hasta que les informaban si podían o no seguir viaje. Ante esa situación, enviaron a las autoridades sanitarias de San Luis una nota firmada por productores, transportistas y representantes de la comunidad de Achiras y la zona advirtiendo que si no tenían respuestas positivas que permitan el ingreso con ciertos controles y protocolos, iban a cortar la ruta 30, lo que podía generar problemas de abastecimiento a algunas localidades limítrofes. Eso se concretó el domingo a la noche y provocó el llamado al diálogo. En ese encuentro, llegó la ratificación de todas las medidas y la escalada de tensión que podría derivar en otro corte en la ruta 30, similar al que habían decidido levantar por la apuesta al diálogo.
