Mauro Olmos, integrante de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Río Cuarto, cuestionó la política del Gobierno nacional y advirtió sobre el deterioro del sistema de prestaciones. Señaló que las instituciones atraviesan una situación crítica y reclamó el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Los prestadores de servicios para personas con discapacidad de Río Cuarto permanecen en estado de alerta ante las dificultades que atraviesa el sector, principalmente por la falta de pago de Nación a las obras sociales y el impacto que esta situación genera en las prestaciones.
En diálogo con FM Libre, Mauro Olmos, integrante de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Río Cuarto, sostuvo que permanecen “prácticamente desde que asumió este Gobierno” en estado de alerta y advirtió que se viene produciendo un retroceso en materia de derechos.
“Esto es claramente parte de un plan para desarmar el sistema”, afirmó Olmos, quien explicó que existe un sistema de prestaciones básicas destinado a garantizar la accesibilidad y la equidad para las personas con discapacidad.
En ese sentido, señaló que el Estado tiene un rol fundamental como intermediario entre las obras sociales y los prestadores para garantizar que las personas puedan acceder a las prestaciones.
Según explicó, el problema se profundizó a partir de la falta de transferencia de fondos a las obras sociales para afrontar el pago de los servicios. “Lo que busca es justamente que las obras sociales negocien con cada prestador los honorarios”, sostuvo.
Olmos remarcó que desde hace tiempo vienen advirtiendo sobre esta situación y cuestionó que, pese a las leyes vigentes y a las distintas medidas de protesta impulsadas por los sectores de salud y discapacidad, el Gobierno nacional mantenga su política.
“Lamentablemente el Gobierno sigue a paso firme, independientemente de que haya una ley, de las medidas de protesta y de todas las acciones que se han hecho en lo colectivo, tanto en Salud como en Educación”, manifestó.
Para el dirigente, la actual gestión nacional avanza con una política de desregulación y con una concepción en la que “el mercado sea el que rige las leyes de los contratos”.
Reclamo ante la Nación
Olmos también sostuvo que las distintas acciones realizadas por el sector no parecen haber generado una respuesta por parte del Gobierno nacional.
“Más allá de todas las medidas que hagamos, el Gobierno nacional parece no escuchar”, afirmó. Sin embargo, destacó que sí encontraron receptividad en las autoridades provinciales y planteó la necesidad de utilizar ese canal para llevar el reclamo al ámbito nacional.
“Hemos sido escuchados por el Gobierno provincial. Entonces, a través de nuestros representantes provinciales queremos ver cómo podemos llegar a tener voz en el ámbito nacional”, expresó.
Una ley que, según los prestadores, no se cumple
El integrante de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Río Cuarto recordó además la lucha que llevó adelante el sector para conseguir la sanción de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero sostuvo que actualmente la normativa no se está cumpliendo de manera efectiva.
La ley, sancionada en 2025 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, establece medidas destinadas a fortalecer el sistema de prestaciones para personas con discapacidad, incluyendo centros de día, hogares permanentes, centros educativos terapéuticos, servicios de estimulación temprana, rehabilitación, alimentación y transporte.
Entre otros puntos, la normativa contempló una compensación por el atraso acumulado de los aranceles respecto de la inflación y estableció mecanismos para su actualización, además de disponer un estudio de costos para determinar valores que permitan cubrir el costo real de las prestaciones.
La norma también creó la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, modificando el criterio de acceso al beneficio y vinculándolo con la situación de vulnerabilidad social.
Sin embargo, desde las organizaciones y prestadores del sector sostienen que la aplicación de la emergencia ha sido parcial y que los aranceles continúan sin cubrir los costos de funcionamiento de las instituciones, mientras advierten sobre el deterioro y la reducción de algunas prestaciones.
En este contexto, los prestadores de Río Cuarto mantienen el estado de alerta y reclaman que el Estado nacional garantice los recursos necesarios para sostener un sistema que consideran fundamental para asegurar los derechos de las personas con discapacidad.
