Darío Moneti, presidente de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto, explicó que la institución adhirió este jueves al toque de sirenas convocado en todo el país para visibilizar la situación que atraviesan los cuarteles. Advirtió que los fondos adeudados afectan especialmente a los cuarteles de mayor tamaño y reclamó una actualización de las leyes que regulan al sistema.
Los Bomberos Voluntarios de Río Cuarto se sumaron este jueves 10 al toque de sirenas realizado por cuarteles de todo el país, en el marco de una jornada nacional destinada a visibilizar la problemática que atraviesa el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
Darío Moneti, presidente de la Comisión Directiva del cuartel local, explicó que la decisión de adherir tuvo como objetivo acompañar solidariamente al resto de las instituciones y, al mismo tiempo, poner en evidencia una situación que, según planteó, comienza a comprometer el funcionamiento de los cuarteles.
“Nos adherimos a modo de ser solidarios con los demás cuarteles de bomberos de todo el país, en respuesta a una medida que tomó la Federación de Córdoba, al igual que las federaciones del resto de la Argentina, para visualizar la problemática que hay”, explicó.
Moneti diferenció la realidad de los cuarteles pequeños de la que atraviesan las instituciones de mayor envergadura. Según señaló, los subsidios que reciben actualmente pueden resultar suficientes para algunas asociaciones de menor tamaño, pero no alcanzan para sostener el funcionamiento de cuarteles grandes como el de Río Cuarto, que deben afrontar mayores gastos operativos, equipamiento, vehículos, mantenimiento y disponibilidad permanente de personal.
En este contexto, reveló que la deuda que mantiene el sistema con el cuartel de Río Cuarto ronda actualmente los 145 millones de pesos.
“Se desconoce por qué no se han enviado los fondos”, manifestó, al tiempo que precisó que existe un remanente correspondiente al ejercicio 2025 y un subsidio del año 2026 que todavía no fueron abonados.
Para Río Cuarto, esos recursos representan aproximadamente dos meses de funcionamiento del cuartel, según explicó el dirigente.
La situación llevó a la institución local a plantear, además del reclamo por los fondos pendientes, la necesidad de revisar y actualizar el marco legal que regula a los Bomberos Voluntarios, tanto a nivel provincial como nacional.
Desde Río Cuarto consideran que las condiciones actuales de trabajo son muy diferentes a las existentes cuando fueron sancionadas algunas de las normas que regulan el sistema. En particular, plantean que cambió la siniestralidad, aumentaron y se diversificaron las emergencias y resulta fundamental garantizar tiempos de respuesta adecuados.
“Entendemos que la siniestralidad ha variado y hay que adaptar las leyes a las circunstancias que tenemos ahora y también a los tiempos de respuesta, que significan vida”, sostuvo Moneti.
Entre los principales reclamos de las federaciones de Bomberos Voluntarios se encuentra la transferencia de los fondos que legalmente corresponden al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Según el planteo realizado por las instituciones, existe un remanente correspondiente al ejercicio 2025 y períodos anteriores que asciende a $59.330.748.051,41, fondos que, sostienen, fueron recaudados y permanecen pendientes de ejecución y distribución.
De acuerdo con el reclamo, ese monto representaría aproximadamente $45 millones para cada asociación y se trata de recursos establecidos por la Ley Nacional 25.054, con una afectación específica, por lo que las entidades remarcan que no constituyen una ayuda extraordinaria ni un aporte discrecional.
Otro de los puntos planteados está relacionado con las emergencias en rutas concesionadas. Los Bomberos Voluntarios sostienen que intervienen permanentemente en siniestros ocurridos en estas trazas, poniendo a disposición vehículos, equipamiento y personal, sin recibir una compensación específica por ese servicio.
Por eso reclaman que los contratos correspondientes a la nueva Red Federal de Concesiones contemplen convenios obligatorios con los cuarteles, contraprestaciones mensuales por disponibilidad, reintegro de gastos extraordinarios y compensaciones ante daños ocasionados a las instituciones durante las intervenciones.
También se reclama la aplicación integral de la Ley 27.629 de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, sancionada en 2021, particularmente en lo relacionado con el reintegro del IVA en las compras de bienes, servicios y equipamiento.
A esto se suma una problemática vinculada con la adquisición de vehículos de emergencia. Frente al elevado costo de las unidades nacionales, muchos cuarteles recurren a la compra de vehículos usados en el exterior, pero las dificultades para realizar pagos internacionales complican y encarecen esas operaciones.
Desde Río Cuarto remarcan que el reclamo no apunta solamente a conseguir recursos atrasados, sino a garantizar que los cuarteles puedan continuar prestando el servicio en condiciones adecuadas.
“Nos acoplamos a esta medida porque es necesario acompañar, pero además reclamar lo que corresponde para poder brindar el servicio a la comunidad en tiempo y forma”, sostuvo Moneti.
La discusión de fondo, plantean desde la institución, es cómo garantizar la capacidad de respuesta de los Bomberos Voluntarios frente a una realidad en la que cada minuto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
